Hubo un tiempo en que la mejor manera de presionar a un deudor moroso para ponerse al día con sus cuotas era enviarle a la puerta de su casa a un hombre de frac negro, con sombrero y portafolio del mismo color, para avergonzarlo frente a sus vecinos. A estos personajes los llamaban «chepitos», y en sus maletines llevaban las letras de cambio o los pagarés firmados por las personas que evadían sus compromisos.
En 1992, la Corte Suprema de Justicia prohibió este sistema de cobranzas por considerar que afectaba el buen nombre de los ciudadanos, pues no tomaba en cuenta las razones del atraso en los pagos. Nadie podía suponer que llegaría el día en que la exposición al escarnio público resultaría inofensiva con el surgimiento en Medellín, a finales de la década del 90 y vinculada al lavado de activos, de la modalidad de préstamo de dinero conocida como gota a gota.
Dos décadas y media después, el pagadiario, nombre que recibe en la Costa, se ha convertido en uno de los grandes generadores de violencia en el país. Día a día, los periodistas recibimos información sobre los métodos poco ortodoxos implementados por muchos cobradores, que incluyen agresiones físicas y psicológicas. A los hombres de la moto, es decir, a los cobradiarios, acude gran parte de la población colombiana por la imposibilidad de acceder a créditos de las instituciones financieras.
Se trata de una economía subterránea que en los últimos años ha crecido entrelazada al flagelo mayor de la extorsión. En Atlántico, por ejemplo, miles de comerciantes se han visto en la necesidad de prestar dinero para pagarles a las bandas criminales que los vacunan. Y así, sus negocios han terminado por irse a la quiebra debido a esa dinámica macabra de endeudarse con uno para salvarse del otro. Basta un recorrido corto por las calles de Barranquilla y su área metropolitana para espantarse con los avisos de cerrado, se vende o nos mudamos -esteras metálicas abajo- en los estratos medio y bajo principalmente.
En algunos casos, los mismos hombres de la moto que cobran los préstamos en horario matutino, cambian de libreta de deudores y recogen los pagos de las extorsiones en su jornada vespertina. O viceversa. En la práctica, el trabajo no tiene diferencia y es un curso de iniciación para ser reclutado o adquirir funciones de mayor nivel dentro de las estructuras criminales.
El crecimiento de la extorsión en Colombia es tan evidente que al presidente Gustavo Petro no le quedó más remedio que reconocerlo. Lo hizo en el evento de conmemoración del Día del Veterano, llevado a cabo el 10 de octubre: en su lógica, los resultados de la estrategia de su Gobierno contra el narcotráfico han hecho que las organizaciones delincuenciales cambien el modelo de negocio.
La realidad es que los mexicanos ya no solo controlan la distribución y comercialización de la droga, sino su producción en tierras colombianas. Los ejércitos que servían a los todopoderosos carteles nacionales fueron desplazados o absorbidos por Jalisco y Sinaloa, y ahora su función es más bien logística: proteger la ‘merca’ de los del norte.
Para mejorar sus ganancias, algunas bandas locales reinvierten el dinero que comisionan o el de sus propios envíos de droga al exterior en un negocio rentable como el préstamo a corto plazo con tasas de interés hasta del 20% al día. La ley colombiana no castiga directamente el préstamo, pero sí la usura y la intimidación a la que recurren los cobradiarios cuando sus clientes se atrasan.
Por eso es importante que programas como Credichévere, de la Alcaldía de Barranquilla, tengan despliegue informativo y cumplan su objetivo. El alcalde Alejandro Char completó recientemente 1.600 créditos entregados a comerciantes informales del Centro de la ciudad, una de las zonas controladas por los cobradiarios.
El programa prioriza grupos como madres cabeza de hogar, vendedores de las plazas de mercado, pequeños comerciantes y hasta reportados en Datacrédito. Los préstamos llegan a los 8 millones de pesos por persona con una tasa de interés fija de 2,5% mensual sobre el saldo pendiente, para un periodo de pago máximo de 24 meses. Una iniciativa muy bien pensada, que, además de sus múltiples beneficios sociales, combate la delincuencia evitando que más ciudadanos le sigan vendiendo el alma al diablo.
