Juan Alejandro Tapia
Columnista / 24 de mayo de 2025

Los políticos ‘influencers’

Quizá están convencidos de que los hace ver “relajados”, ajenos a la suciedad del mundo que los rodea. Como si su realidad consistiese nada más en tener la cámara del celular a la mano, cual carabina cargada, a la espera del momento ‘instagrameable’ del día.

Quizá suponen que los acerca a esa juventud distante y ensimismada que sospecha de todo lo que huele a manido y gastado —en especial de los políticos dispuestos a morir de viejos en su silla del Congreso o en sus despachos de alcaldías y gobernaciones—, a la que intentan conquistar para la próxima elección.

Quizá creen que esos usuarios asiduos de las redes sociales son fáciles de manipular y que un video con muchos comentarios positivos basta para entregar el voto o mantener la percepción favorable de un gobernante, un legislador o un funcionario.

Quizá hasta razón tienen.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, designada a dedo por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, como su sucesora en el Paseo Bolívar para el periodo 2028-2031, sorprendió por estos días a sus seguidores en redes con un video en el que hace gala de su capacidad para transformarse en una chica rapera de los barrios del sur.

Con un estilo que recuerda a la ‘Jenny from the block’ de comienzos de siglo, la funcionaria invita a participar en el concurso ‘Tu cuadra limpia y linda’, que entregará 10 millones de pesos a la Junta de Acción Comunal que mantenga más aseado su entorno hasta el 30 de julio.

Entró oficialmente Aljure al club de los políticos ‘influencers’ del Caribe, que tiene a su máximo exponente en el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, premiado como el de “mayor presencia digital en el país” por la agencia Publicidad Toro, a finales de 2024.

¿Hay algo de malo en que los políticos prueben otro modelo de comunicación y renueven su mensaje para causar impacto en las redes? En apariencia, no. Pero es sabido que conseguir seguidores o aumentar el número de vistas puede convertirse en una obsesión, y para el algoritmo nada más sencillo que viralizar mensajes atractivos y sin matices. Simplificar el discurso político, en ocasiones largo y tedioso debido a la complejidad de los problemas, es la tendencia en la comunicación internacional.

Para la muestra un botón de copete rubio indomable, 1,92 de estatura y 97 kilos llamado Donald Trump. Aumenta la violencia en las calles de Estados Unidos, la culpa es de los latinoamericanos y ordena deportarlos sin importar las leyes migratorias; el consumo de fentanilo deja más muertos cada mes, la culpa es de los cárteles mexicanos y los declara organizaciones terroristas; bajan los puestos de trabajo para la población blanca de la América profunda, la culpa es del comercio internacional y sube los aranceles a los productos de todo el mundo.

No necesita Trump montar videos graciosos en Instagram como Aljure y Arana. Tampoco las encíclicas del presidente colombiano Gustavo Petro en X, que terminan por exasperar a sus críticos y confundir a sus áulicos entre tantas divagaciones. Un mensaje de unos pocos caracteres en su red particular Truth Social es suficiente para condensar el problema de la inseguridad en los migrantes comemascotas. Y millones de estadounidenses le creen y lo comparten hasta volverlo verdad irrefutable.

El Distrito y el Departamento han acudido al efecto multiplicador de los influencers para transmitir mensajes de todo tipo, en especial la promoción de eventos masivos y lugares turísticos como Puerto Mocho y Salinas del Rey. Pero no es lo mismo un foodie que promueve una feria de fritos en el Malecón del Río con un buñuelo del tamaño de un balón de fútbol en la mano que resaltar por encargo los supuestos atractivos de una obra cuestionada por sobrecostos y atrasos como el Centro de Deportes Náuticos recientemente inaugurado por la Gobernación del Atlántico.

En Colombia también hace carrera la contratación de influencers para defender o atacar a líderes políticos y soltar opiniones, sin preparación ni conocimiento, sobre las reformas sociales planteadas por el Gobierno. La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero aprovechar la popularidad y el poder de convocatoria de las personalidades de redes sociales para inclinar una balanza que puede afectar a millones de colombianos es un tema que debe ser analizado con detenimiento y, tal vez, regulado.

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