Cualquier epíteto que se les haya endilgado a los agresores de la fiesta del pasado fin de semana en un edificio de Barranquilla es más que justificado y en eso toda la sociedad está de acuerdo.
El hecho ha merecido el repudio generalizado, sin el más mínimo asomo de consideración para los involucrados, que obviamente no lo merecen a pesar de que hayan elaborado un burdo video mostrando las secuelas del golpe propinado a la pediatra, y a pesar de que la madre de uno de los involucrados haya salido a pedir perdón y clemencia para su hijo.
No podemos quedarnos en los ataques ni en los señalamientos. Los hechos quedaron grabados y se han difundido. Ahora hay que exigirle a las autoridades que cumplan con rigor la ley, para que esta, como es muy frecuente, no quede en letra muerta. En manos de la Fiscalía está el proceso porque ya las denuncias están instauradas.
La agresión no fue un caso menor, y en las leyes de nuestro país se cobijan sanciones severas, como cárcel hasta de 8 años por los delitos cometidos. Sanciones que van mucho más allá de las multas que, en el caso de los agresores que se creen poderosos, son irrisorias.
En el vergonzoso suceso en mención por lo menos son tres los hechos punibles, todos con la prueba evidente de los videos: agresión a dos mujeres indefensas, violación de las normas dictadas para contener una pandemia o emergencia sanitaria, y agresión a un servidor público. Esto sin mencionar el posible consumo de drogas alucinógenas en espacio público, como es el corredor de un edificio de apartamentos, y sin la invasión a propiedad privada cuando los salvajes intentan tumbar la puerta para ingresar al apartamento de la vecina.
Según el artículo 368 del Código Penal, quienes violen las medidas sanitarias pueden ir a prisión de cuatro hasta ocho años. En Colombia seguimos en emergencia económica y las fiestas o reuniones están prohibidas.
Por otro lado, si el caso fue priorizado con enfoque de género, ya hay una luz de esperanza para que la investigación camine a pasos más acelerados. Además, la agresión a un servidor público tiene su propia sanción. Nuestros códigos son claros: «El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.»
La mirada entonces de los barranquilleros indignados debe estar dirigida a que la ley se cumpla con celeridad. No se puede dejar morir un caso como este que ha golpeado a todos de alguna manera, como tampoco puede seguir desviándose la atención dirigiendo la mirada al actuar de la administradora del edificio y de los celadores. Si a quienes hicieron uso de la fuerza no les importó darle un puñetazo a un agente de la policía, ¿qué les va a importar cumplir con las normas de convivencia, o con las indicaciones de un simple portero?
