Shirley Paula Romero Campo era su nombre. Tenía 33 años, era madre de dos niñas y había comenzado a trabajar hace un mes como mesera en un negocio de comidas rápidas en el barrio Los Cedros, de Soledad. Hace año y medio se había venido de su pueblo, San Juan Nepomuceno, Bolívar, con una maleta llena de ilusiones, desengaños y poco más. Esas ilusiones las cortó de tajo el domingo 10 de noviembre en horas de la noche un pistolero que disparó varias veces contra el local para presionar el pago de una extorsión.
Shirley murió cuando recibía atención médica y se convirtió en otra víctima inocente de la extorsión, el flagelo que tiene sometida a casi toda Colombia. La Alcaldía de Soledad y la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecen 20 millones de pesos de recompensa por información sobre el asesino, pero el problema va más allá de una captura.
Como Shirley, Marlen Fernanda Mozo Jiménez llevaba poco tiempo en su trabajo, tenía una hija de meses y se había mudado de su pueblo, Algarrobo, en Magdalena, a Bosconia, Cesar. Cuentan sus amigos que siempre estaba de buen humor y su trato era amable. Quizá esas características fueron las que llevaron a sus empleadores en SuperGiros a contratarla a pesar de sus escasos 19 años. El lunes festivo 4 de noviembre un hombre entró a su punto de atención con actitud distendida. Frío. Como quien ya no padece remordimiento ni lo persigue fantasma alguno. Sacó un revólver de la pretina y la mató.
La investigación posterior determinó que el asesinato de Marlen fue un acto de presión para obligar a los directivos de la empresa de giros y apuestas a negociar el pago de extorsiones. No hubo que investigar mucho, pues el mismo homicida arrojó un cartel con ese mensaje junto al cuerpo de la empleada.
No hay tarea más apremiante que combatir este delito. No hay obra pública, evento, proyecto o contrato que deba recibir más atención de nuestros gobernantes. Tras la muerte de Shirley, el secretario de gobierno de Soledad, coronel (r) Carlos Valencia, dijo que la extorsión en su municipio está disparada y pidió un sistema penal acusatorio más riguroso con las bandas criminales. Decenas de capturados por repartir panfletos amenazantes y servir de cobradores han recobrado la libertad sin apenas pisar la cárcel.
Es lo mismo que ocurre en toda Colombia. Este flagelo nos está destruyendo como sociedad, ha hecho que vayamos con miedo a trabajar y, lo peor, ha provocado que nos acostumbremos a vivir con él.
